Unas cuantas verdades sobre la “Ley Monsanto” (El Mostrador)

Lucia Sepúlveda

Periodista. Campaña Yo No Quiero Transgénicos en Chile. Red de Acción en Plaguicidas Chile RAP-Chile.

      

ANPROS, el gremio de los productores de semillas híbridas y transgénicas, nos acusa de propalar “mitos” sobre la Ley de Obtentores Vegetales, rebautizada por nosotros como “Ley Monsanto–von Baer”. Pero ellos se están quedando solos con sus mentiras. La ley no se votará hasta después de las elecciones y ya 21 senadores han expresado su rechazo. La ex Presidenta Bachelet presentó el proyecto en 2010, en un país desinformado. Hoy, cada vez más chilenos conocen la semilla de maldad de Monsanto.

Este proyecto despoja de sus derechos a la agricultura familiar campesina, que abastece a las ferias libres. Según esta ley, los productores no pueden vender, intercambiar ni sembrar más semilla de su cosecha que el equivalente de lo sembrado. El artículo 48 de la “Ley Monsanto” da derecho a guardar semillas de sólo algunas especies, como las papas, y permite la requisa judicial de cosechas en caso de denuncia de infracciones.

Esta es una ley innecesaria. La actual da enormes ganancias por royalties a los obtentores. Los pequeños productores rurales dependen del mercado y organismos públicos como Indap, Prodesal y los PDTI (Programas de Desarrollo Territorial Indígena), que les entregan con créditos y subsidios semilla “mejorada”. Sin embargo, las empresas no toleran que haya campesinos que aún guarden la semilla.

Esta es una ley innecesaria. La actual da enormes ganancias por royalties a los obtentores. Los pequeños productores rurales dependen del mercado y organismos públicos como Indap, Prodesal y los PDTI (Programas de Desarrollo Territorial Indígena), que les entregan con créditos y subsidios semilla “mejorada”. Sin embargo, las empresas no toleran que haya campesinos que aún guarden la semilla.

Todavía en Chile se usan  variedades que no figuran en listados ni registros nacionales. Los precios de las variedades mejoradas son escandalosos: entre un 2.000% y un 7.000% más caros que los de las corrientes o estándar. Las variedades cuyo registro vence, desaparecen.

Hoy en el registro SAG no hay plantas medicinales. Pero este proyecto permite registrar cualquier variedad de planta “creada o descubierta” por el obtentor, siempre que sea nueva, distinta, homogénea, estable. Fácil, porque “nueva” es que no esté en el comercio, y las variedades locales son homogéneas y estables.

La quinoa está presente en Chile desde tiempos precolombinos. A fines de los años 80, comunidades mapuche comenzaron a sembrar una variedad de quinoa de la Sexta Región recuperada por un promotor de ese cultivo, Pablo Jara, homenajeado en Italia por Slow Food y FAO. A partir de dicha variedad, Erik von Baer registró a su nombre una variedad “nueva” de quinoa, a la que introdujo una modificación cosmética.

Los agricultores podrán ser demandados si sus semillas no parecen “distintas” a una privatizada. En Colombia, toneladas de semilla de arroz fueron confiscadas por ello. Uno de los principales logros del reciente paro campesino colombiano fue derogar el decreto ley que los obligaba a usar semilla certificada.

El mensaje de Michele Bachelet sostenía que la aprobación de esta ley haría posible contar con variedades “biorreactoras generadoras de vacunas, proteínas de interés terapéutico y biomateriales”. Omitió el nombre de este tipo de variedades: farmacultivos transgénicos.

Monsanto ha perdido juicios entablados contra agricultores brasileños por no pago de royalties de semilla transgénica. La ley de Brasil los protege. Las transnacionales tienen que asegurarse de que Chile garantice el pago de más royalty. Y nosotros, como campaña, nos proponemos detener su avance y lograr el rechazo de la Ley de Obtentores, dejándolos sin piso para su proyecto transgénico: la Ley de Bioseguridad